Contra los proyectos del Urban20

El pasado miércoles 31 de octubre se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA, el cierre del Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias apoyado y organizado por diferentes organismos, colectivos y organizaciones sociales, entre ellos la Fundación Rosa Luxemburgo.

Por Camila Parodi

Luego de extensas jornadas de trabajo e intercambio de experiencias a lo largo de los días 28, 29 y 30 en la Ciudad de Buenos Aires, los distintos colectivos integrantes de la iniciativa “Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias” se dieron cita en la Facultad de Derecho de la UBA para concluir con una jornadas de talleres, asamblea y paneles donde profundizar los debates realizados previamente.

Dicho encuentro se propuso en el marco de la Cumbre Inaugural de Alcaldes, Urban 20, grupo de afinidad del G20 con sede 2018 en Buenos Aires donde participaron 40 alcaldes de distintas partes del mundo. Donde, allí también más de 40 representantes de colectivos comprometidos con la Justicia Territorial como Hábitat Intenational Coalition, Ukamau de Chile, Movimientos de Trabajadores Sin Techo de Brasil, Proyecto Habitar, La Boca Resiste y Propone, el Observatorio a la Ciudad, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la CTA, CEAPI, CELS, CTEP,  Frente Popular Darío Santillán,  Hábitad para la Humanidad Argentina, Madre Tierra, Cicsa – Córdoba, entre otros se dieron una instancia para abordar las mismas temáticas en clave de contra Cumbre “como posicíón alternativa a las gestiones urbanas neoliberales” según destacaron en su comunicado.

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Y en ese sentido destacaron en la presentación de su comunicado “somos las y los trabajadores que construyen y dan vida a las ciudades, precarizados y que padecen viajes eternos de casa al trabajo en condiciones indignas, las personas desempleadas que tratamos de cubrir las necesidades básicas recurriendo a mercados de vivienda, comercio y trabajos informales, las sin techo y desalojados por el mercado inmobiliario, las migrantes y refugiados de diversas culturas, expulsadas de otros lugares, perseguidos y reprimidos por los gobiernos, las personas con discapacidad o de la tercera edad que quedamos atrapadas en las trampas urbanas que impiden un aprovechamiento de los espacios que otrxs disfrutan, las mujeres que padecemos la infravaloración de las tareas de cuidado, las divergencias sexuales perseguidas, criminalizadas o estigmatizadas, las niñas que viven una ciudad de espacios cerrados y en ambientes siempre menos saludables, los jóvenes criminalizados por nuestra forma de vivir la ciudad”. Concluyendo en su definición “somos todas y todos quienes de alguna manera sufrimos los procesos de exclusión, violencia e injusticia en las ciudades.”

Las ciudades en disputa

Para finalizar la propuesta y, tras la realización de los talleres temáticos realizados por la mañana de Violencias Urbanas y Discriminación, Ciudades Feministas y Diversas, Integración Social e Inclusión, No hay Justicia Social sin Justicia Ambiental, Ciudades y el Futuro del trabajo, Financiamiento y Deuda Urbana, se realizó la asamblea de balance y solidaridades entre las organizaciones presentes moderada por Maria Silvia Emanuelli de Habitat International Coalition y Cesare Ottolini de la Alianza Internacional de Habitantes.

Si bien, algunos acuerdos estaban implícitos desde su comienzo, la necesidad de reafirmalos en asamblea no faltó. Como tampoco faltó la solidaridad entre los pueblos que, en este caso manifestaron su repudio unánime al reciente triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil por sus intentos de políticas fascistas y machistas que no representaban a las y los presentes. “Nos remontamos a 1964” manifestó una mujer brasilera, en representación de las y los brasileros presentes en la jornada, al hacer alusión al retroceso que implica el triunfo de Bolsonaro. “Nosotros somos garantes de los derechos de las ciudades y sus políticas públicas” afirmó tras solicitar que sea incluida la situación de Brasil en el documento.

Por su parte, integrantes de la asamblea provenientes de Córdoba, específicamente de Juárez Celman ubicado a escasos kilómetros del aeropuerto de Córdoba Capital tomaron la palabra. “Es necesario disputar el espacio, si al territorio lo modifica la arquitectura y a los cuerpos la política es necesario comprender y ver esa inversión de las ciudades sobre los territorios-cuerpos y comprender su política pública” refiriéndose a la misma como el espacio que sólo piensa los varones, cis, de clase media alta para ejercer sus proyectos.

Por otro lado, Norberto Rodríguez del Observatorio Derecho a la Ciudad de Bariloche explicó que la reciente avanzada de Mega Proyectos privilegia el derecho de grandes inversores en detrimento de las mayorías. En ese sentido, relató los intentos fallidos de diálogo y participación en la política pública y manifestó que desde el espacio “reclamamos por información que ocultan y la hacemos pública para opinar sabiendo, como es el caso del Cerro Capital donde las tierras públicas han sido vendidas a espaldas de todos los que mostramos nuestra disconformidad en una ficción de Audiencia Pública”.

A su vez, integrantes del colectivo la Boca Resiste y Propone, quienes habían recibido a las y los integrantes del encuentro en su barrio en una de las actividades realizadas durante los días previos también tomaron la palabra. “Aprovechamos esta instancia y nos dimos un proceso en el barrio, nos dieron un lugar protagónico y nos ha sido muy grato mostrar nuestra experiencia de construcción junto a los vecinos, organizaciones y el mismo Estado para replicar” expresaron.

Oscar Chinchilla es vecino de la Villa 20, luego de escuchar las intervenciones realizadas reflexioní “la ley de urbanización nunca se cumplió, pero si la especulación inmobiliaria” en ese sentido situaciones de violencia y desigualdad como inundaciones, malas conexiones de electricidad, incendios y falta de ambulancias continúan afectando a la vida de las y los villeros. Sabiendo que se trata de un diagnóstico general, Chinchilla llamó a generalizar también la organización y la articulación con encuentros como el realizado.

Para finalizar, concluyeron con un comunicado “este modelo mide el éxito de las ciudades en función de indicadores como la construcción de metros cuadrados y el aumento de la valuación de los inmuebles, ponderando lo cuantitativo por sobre los cualitativo” destacaron. “Mientras que la Nueva Agenda Urbana establece que el desarrollo urbano es ilimitado y está impulsado por las ciudades, estos indicadores ponen en evidencia la insostenibilidad del modelo neoliberal” explicaron en respuesta a la Cumbre del U20 realizada en paralelo al encuentro.

De esta manera, el colectivo de organizacionesy organismos afirmó “cada vez más se profundiza la concentración de territorio. La entrega de bienes comunes para la especulación inmobiliaria no descansa. La (poca) naturaleza y los espacios públicos existentes son completamente sacrificables, se consideran un “vacío” que debe llenarse con negocios, naturalizando el avance de la privatización de lo público”. Los barrios, explicaron “pierden sus identidades y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas”. Por su parte, “la vivienda se ha mercantilizado hasta el paroxismo, convirtiendo a los inmuebles en commodities, meras mercancías para la especulación, convirtiendo a los ciudadanos en clientes”.

Frente a este contexto, el modelo de gestión democrática del territorio es el único compatible con este enfoque para garantizar los derechos de la diversidad de identidades que habitan la ciudad. “Creemos que este debe ser el marco de las políticas públicas para contribuir y afianzar los Estados democráticos de derecho, que son los que asumen compromisos con los derechos del conjunto diverso del colectivo social, aplicando a la vez, instrumentos y acciones afirmativas en favor de los sectores cuyos derechos son vulnerados” sentenciaron.

En ese marco, como gran desafío señalaron la necesidad de “hacer de las ciudades un bien común, desde las resistencias y la creatividad, para implementar, en alianzas, nuevas formas de garantizar los derechos humanos y la democracia participativa, respetando su diversidad, asegurando y contribuyendo a la redistribución económica, el reconocimiento cultural y la capacidad de acción política de parte de todas y todos”.

“Poner en jaque al histórico derecho de propiedad”

Como cierre de las distintas instancias propuestas para el Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias, se realizó un panel con la presencia de diferentes intendentes y funcionarios que accionan en el marco de municipios o ciudades que cuentan con ciertas políticas públicas aplicadas para las mayorías. Provenientes de distintas provincias de la Argetina, representantes de Gualeguachú, San Antonio de Areco, Rio Grande y Rosario como así también de la ciudad de Montevideo, Uruguay realizaron una presentación de sus experiencias de gobierno. Si bien es cierto que estas ciudades cuentan con avances en materia de derechos ciudadanos, se anclan en políticas nacionales e internacionales con sus conocidos intereses y lógicas capitalistas.

Esta instancia fue coordinada por Facundo Di Filippo de CEAPI y contó con los saludos y reconocimientos de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, España y de Leilani Farha, relatora de vivienda de las Naciones Unidas, ONU. Por su parte, Colau afirmó en el video realizado para saludar al Encuentro “Trump y Bolsonaro van en contra de nuestras ciudades por eso la necesidad de trabajar en red”. Farha, quien tampoco había podido hacerse presente durante las jornadas realizadas como contra cumbre del U20, denunció que dicho espacio no se centrara en los temas importantes para pensar las ciudades y señaló que se trata de un contexto de mucha especulación sobre las ciudades que imposibilita la vida digna de sus habitantes.

La primera en tomar la palabra fue Laura Capilla, secretaria de Desarrollo Social de Rosario, luego de un recorrido histórico sobre los gobiernos previos al actual gobierno del frente progresista de Mónica Fein, la funcionaria destacó la estrategia política de priorizar como eje central al derecho a la salud entendido como construcción colectiva, descentralizada e interdisciplinaria de forma tal que la participación de las y los vecinos de los barrios sea un hecho. Sin embargo, recalcó que encuentran en el actual contexto un claro crecimiento de las violencias llevando a reflexionar nuevas propuestas que pudieran encausar esta situación.

Luego fue el turno de Gustavo Melella, intendente de la Ciudad de Rio Grande ubicada en la Provincia de Tierra del Fuego. Como gran parte de las ciudades del sur, el funcionario manifestó que Rio Grande también cuenta con un gran número de población no nacida en dicho territorio sino perteneciente a movimientos de migración interna desde las provincias del norte en busca de ofertas laborales. Sin embargo, la fuerte desocupación y ajuste de los últimos 3 años impactó de forma tal que gran parte de las personas que migraron a las ciudades del sur con el objetivo de mejorar su situación económica no lo han podido lograr. En ese sentido, relató Melella, las políticas tuvieron que modificarse “el acceso a la tierra antes era prohibitivo, el valor de la misma superaba la media nacional y el Estado beneficiaba a los desarrolladores inmobiliarios” de esta manera “la única alternativa para acceder a la tierra propia es mediante la ocupación” explicó de forma tal que realizaron un proceso de expropiación como decisión política.

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Martín Piaggio es el intendente de la Ciudad de Gualeguaychú de Entre Rios, con la misma lectura sobre el contexto de desempleo y pérdida de autonomía expresó que compartía las iniciativas relatadas por quienes le precedieron. Entonces, “la participación ciudadana y el cooperativismo visto como oportunidad de creación de trabajo y valores” pueden aportar a la construcción de un nuevo sentido común que revierta en parte las políticas actuales de ajuste. A su vez, al tratarse de una provincia invadida por el monocultivo de soja y con una importante pata agrícola, el intendente compartió que desde la Ciudad de Gualeguaychú apuestan a la defensa de “un ambiente sano y preservado para las próximas generaciones” de forma tal que expresó su repudio a las “empresas del primer mundo que vienen a barrer bajo la alfombra su basura” abriendo la discusión sobre modelo productivo y las consecuencias del mismo. En ese marco, comprendiendo que el acceso a la tierra es la “primer llave para el reestablecimiento de la casa propia” compartió que recientemente generaron dos herramientas legislativas por un lado “la generación de un banco de tierras como patrimonio municipal” y, por otro lado “el registro de aquellos propietarios que concervan la tierra de forma oseosa”.

A continuación, Francisco Durañona de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, se centró en el concepto “arraigo” para calificar las formas de participación ciudadana. Al tratarse de una ciudad con un alto índice de migración juvenil y aumento de la población adulta, el intendente reflexionó sobre las formas de habitar la ciudad por parte de su población. En ese sentido, para el funcionario, propuestas de “industrialización de la ruralidad” pueden aportar al “objetivo de desarrollo sostenible” que “modifique el desarraigo”. Entonces, comprendiendo que el próximo año de elecciones no aportará a dicho objetivo, Durañoña resaltó la importancia de los gobiernos locales como aquellos que podrán ser capaces de “conocer a las personas y construir empleo y tierra” para sus integrantes de forma tal que la “pobreza cero” desde ahi sea posible.

Silvana Pizano es la directora de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Montevideo, Uruguay, para comenzar reconoció la brecha entre los derechos y hechos concretos y propuso la realización de una nueva agenda urbana. De esta manera, actualmente en Montevideo se implementa una nueva ley que se propone expropiar aquellos inmuebles abandonados y en desuso, para la funcionaria se trata de una iniciativa que “pone en jaque al histórico derecho de propiedad”. En esa línea relató la relación entre el acceso a la ciudad y sus servicios con la importancia de que aquellas poblaciones más desfavorecidas y marginadas pudieran acceder a la misma para evitar mayores gastos en busca de formas más igualitarias de convivencia.

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Para finalizar, Claudio Acioly, actual jefe de desarrollo de la ONU, realizó un mapeo de la realidad de las ciudades en América Latina. Donde, la exclusión social y el alto índice de concentración dan cuenta de la “importnacia del rol de la ciudad local para la realización de políticas y servicios que produzcan valor agragado que disminuya la desigualdad” explicó Acioly. Esta iniciativa, relata, de alguna manera se logró ya que considera que “la política local si tiene incidencia”. Sin embargo, “el acceso a la vivienda adecuada es cada vez más difícil” y explicó que en este momento hay más de 130 millones de personas que no viven en condiciones dignas en la región. En esa línea, Acioly remarcó también que el concepto de vivienda tiene que ser comprendido no sólo como “la obtención de un texto”. Ante este diagnóstico, “cambiar el paradigma enfocado unicamente en la vivienda propia” debe ser un nuevo objetivo de las y los funcionarios de las ciudades donde los incentivos a los alquileres, la oferta de distintos financiamientos y el diálogo entre los barrios periféricos y los centros de las ciudades aporten a una nueva forma de vida genuina de las poblaciones urbana.

 

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